La incidencia de la informalidad en nuestra economía es una de las más altas del mundo.  Sobre este tema el Banco Central de Reserva publicó el 2008 un interesante estudio que tanto los defensores como los detractores del Regimen Laboral Juvenil parecen desconocer. Es relevante hacer al menos una mención general de dicho documento en momentos en que el gobierno intenta maquillar esta propuesta de ley.

Para el BCR hay dos factores directos que inciden en la informalidad: los pésimos servicios públicos y los altos costos que agobian a las empresas (laborales, renta, etc.) pero dichos factores, según el documento, se vuelven particularmente peligrosos debido a tres condiciones estructurales de la economía peruana: demográfico (alta proporción de fuerza laboral joven poco calificada), el bajo nivel educativo y los métodos de producción. Este último tiene que ver con lo poco desarrollados o sofisticados que están los diversos sectores económicos lo que a su vez determina que la demanda por mano de obra calificada sea muy limitada. 

Hace 15 años le escuché decir a Bruno Seminario que el Perú era un país  de mineros e informales. Hoy, básicamente la realidad es la misma.

El Régimen Juvenil intenta abordar uno de los factores más visibles, los costos de las empresas, pero de una manera sorprendentemente burda pues tal como está planteado, son las grandes empresas -donde no está el foco de la informalidad- las que estarían mucho más incentivadas a adoptarlo. Se esgrime el argumento según el cual se incentiva la capacitación, pero una pequeña empresa -el supuesto objetivo del régimen-  se caracteriza por realizar actividades que demandan un bajo nivel de capacitación. Y el poco nivel que se requiere se obtiene principalmente en el trabajo mismo.

Una de las principales estrategias para potenciar el desarrollo de los sectores económicos y de paso enganchar esto con una demanda de mano de obra calificada -es decir abordar dos de los factores estructurales que impiden avanzar en la lucha contra la informalidad- es la inversión en investigación y desarrollo. CONCYTEC ha estimado que se requiere una inversión de S/. 4,800 millones para formar 17,000 científicos de aquí al Bicentenario. Su presupuesto para el 2015 es S/. 122 millones. Sin embargo, el presupuesto que el Perú espera destinar para la organización de los juegos Panamericanos del 2019 está entre $800 y $1,500 millones.  

Se puede concluir que no hay una estrategia inteligente para abordar no solo la informalidad sino alcanzar un desarrollo económico. El Régimen Juvenil, además de ser la típica medida efectista que no ataca los problemas de fondo, parece un maquillaje para beneficiar a ciertos sectores empresariales. Esta forma de hacer las cosas no es nueva, lo que sorprende es que el gobierno haya sido tan burdo en la propuesta.