Estados Unidos y Papua Nueva Guinea, son los países donde las empresas mineras tardan más tiempo en obtener permisos para iniciar operaciones. Según un estudio citado por el Wall Street Journal, un proyecto puede tardar entre 7 y 10 años en ser aprobado en USA(1).

No solo demoras

La Environemtal Protection Agency (EPA), tras un estudio que le tomó tres años, concluyó en un documento emitido a inicios del 2014 que el proyecto de la mina Pebble en la bahía Bristol (Alaska), generaba serios riesgos a las zonas de desove del salmón (un recurso importante en la zona) así como a todo un complejo ecosistema que consiste en lagunas, manantiales y humedales. La inversión en este proyecto se estimaba en US$ 4.7 billones y los recursos metálicos se estimaban en US$ 300 billones a precios del 2010. Eventualmente el proyecto será cancelado(2).

A fines del 2011, tras analizar las denuncias contra una operación gasífera en Wyoming, la EPA emitió por primera vez un reporte que sugería que la tecnología del fracking (fractura hidráulica), utilizada para la extracción del shale gas, recurso considerado estratégico por el gobierno americano, generaba contaminación de aguas subterráneas. En el 2013 y luego de llegar a conclusiones similares, esta vez analizando un caso en Texas, la agencia bloqueó las operaciones de una compañía por el inminente riesgo de contaminación de aguas subterráneas con metano(3).

Se debe tener en cuenta que la industria del shale gas es de primera importancia para Estados Unidos pues se estima le garantizará una autosuficiencia energética por un periodo de hasta 100 años.

Peru

En el Perú, que a diferencia de Estados Unidos tiene ecosistemas más complejos y alberga a la amazonía en un 60% de su territorio, una zona cuya preservación es considerada por la comunidad científica, de la mayor importancia para la supervivencia del planeta, no existe una institución ambiental con las atribuciones ni el nivel técnico de la EPA. Este debería ser un objetivo esencial para el desarrollo del país sobre todo considerando que el proceso agresivo de concesiones a empresas extractivas se da no solo en una geografía compleja si no en un contexto de deglaciación acelerada en la Cordillera de los Andes, lo cual implica la reducción de fuentes de agua. Como se sabe la actividad minera opera en un 60% de las fuentes de agua del país.

El actual proceso de análisis de los EIA de proyectos extractivos y, luego de su aprobación, el monitoreo de dichas operaciones, equivale a explorar el fondo del mar con una linterna.

(1) http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703822404575019123766644644

(2) http://www.nytimes.com/2014/03/01/us/epa-says-it-will-fight-mine-project-in-alaska.html?_r=1

(3) http://www.bloomberg.com/news/2013-12-24/epa-fracking-probe-of-range-resources-met-requirements-ig-says.html